De esta forma, el alto tribunal tira por tierra uno de los de principales pilares de la ley auspiciada personalmente por el presidente Nicolas Sarkozy, la de conferir a un organismo administrativo -la Hadopi- la potestad de desconectar de la Red a los internautas que persistieran en descargarse archivos protegidos por derechos de autor.
La Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi, por sus siglas en francés) pierde así cualquier potestad sancionadora y sólo tendrá autoridad para enviar dos avisos a los internautas instándoles a que dejen de descargarse contenidos protegidos, tal y como prevé la legislación, pero sin proponer castigos.
El organismo, el equivalente al Tribunal Constitucional español, ampara su decisión en que "Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo" y considera incompatible el sistema sancionador de la ley con "el derecho francés, en el que prevalece la presunción de inocencia". Bajo esos argumentos, y aunque reconoce que "se ajusta a la ley imponer una sanción si se demuestra que existen descargas ilegales", advierte que "el papel de la Hadopi es advertir las descargas que han sido descubiertas, pero no castigarlas".
La decisión del Constitucional sigue la misma doctrina del Parlamento Europeo que tumbó la legislación sobre Internet que pretendían sacar adelante países como Francia soslayando la intervención judicial.
La decisión del Constitucional, que invoca la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 equiparando Internet con la libertad de comunicación y expresión, da la razón a un recurso interpuesto por el Partido Socialista tras la aprobación de la ley por la Asamblea Nacional el pasado 13 de mayo. La ministra de Cultura, Christine Albanel, reconoció que habrá que cambiar la ley
En España, las tornas están invertidas. Es el PSOE el que defiende la necesidad de regular las descargas, y el PP el que ha advertido que llevará al Constitucional cualquier ley similar a la propiciada por su amigo Sarkozy.
Con todo, la propia industria cultural española ya ha señalado que no desea el modelo francés y que se conforma con medidas más suaves como la bajada de la velocidad o los microcortes para los potenciales infractores.
Leído en: El Pais
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